El pasado 21 de marzo se cumplió un año más de la conmemoración a la valiosa lucha por la conservación y el uso sostenible de un recurso tan categórico en la vida del ser humano: Los bosques.  

Este día inició como una recomendación que realizó el Congreso Forestal Mundia (Roma, 1969) a  la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Dicha recomendación se incorporó recién en el 2012 gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó el "Día Internacional del los Bosques" mediante la Resolución A/RES/67/2012. Es claro que, una conmemoración va mucho más allá de simplezas, pues cuando hablamos de bosques no es tan solo una palabra expresada en nuestro lenguaje cotidiano sino que tiene un significado mucho más amplio pues estos nos proveen de: alimentos, aire puro, medicinas, materias primas, hermosos paisajes, hábitats, así como una innegable biodiversidad.  

En la actualidad, su importancia ha generado que se toque como un punto importante en la agenda de la política peruana, así como ha incentivado al surgimiento de proyectos para su conservación, reforestación y su inserción en la economía con un aprovechamiento sostenible, pues todo aquello que parecía lejano para los ecologistas u organizaciones ambientales ha pasado a ser parte del trabajo articulado del gobierno central, regional y local. En ese sentido, el cuidado a favor de los bosques es ahora una responsabilidad y un hecho en camino, pues involucra realmente al país; sin embargo, su verdadero ahínco y devoción se encuentra recién en escala, esto debido ciertamente al cambio climático acelerado y no a la importante función que tuvieron desde la edad prehistórica.

Es así que, el cuidado de los bosques en nuestro país debe seguir siendo una tarea constante, pues al ser considerados como el noveno país con mayor extensión boscosa a nivel mundial genera una gran responsabilidad de conservación y manejo sostenible, además el 60% del territorio nacional está cubierto de bosques; sin embargo, un promedio de 113 mil hectáreas de nuestra Amazonia se pierde por año a causa de la tala ilegal, que mueve alrededor de U$$ 150 millones anualmente, siendo considerada una de las mayores actividades ilegales comparándolo incluso con el narcotráfico y el lavado de dinero. 

Desde el enfoque jurídico, uno de los importantes cuerpos legales en nuestra legislación forestal ha sido la Ley N° 27308 -Ley Forestal y de Fauna Silvestre cuyo principal objetivo fue el uso sustentable y conservación de los recursos forestales; esta ley propuso el actual sistema de concesiones para la explotación forestal, más tarde dicha norma se uniría a un trabajo articulado con el Tratado de Libre Comercio entre Perú y EE.UU., que entró en vigor en el 2009. Este suceso coincide con el conflicto socioambiental denominado “El baguazo”, que se dio por la aprobación de diversos Decretos Legislativos entre ellos DL. 1090, norma que ponía en disposición las áreas forestales para fines maderables sin parámetros explícitos en su aprovechamiento, causando de esta manera grandes estragos para las comunidades nativas; pues además de no cumplir con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT “Derecho a la consulta previa” ponía en grave peligro los territorios dichas comunidades. Seguidamente en Julio del 2011, se aprobó una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, que cuenta actualmente con cuatro reglamentos aprobados en el 2015.

Por otra parte, en los últimos años se han propuesto diferentes estrategias que van más allá de la simple promoción de los bosques; es decir, se ha incorporado la elaboración participativa de una Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) que pueda enfrentar los grandes problemas de deforestación y degradación con una visión al 2030. 

Otro aspecto, es la importancia de las diferentes instituciones del estado que desempeñan un rol fundamental en la protección y conservación de los recursos forestales, como el caso de: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas que realiza una labor preventiva y de vigilancia de nuestros recursos forestales en áreas naturales protegidas de manera articulada con los gobiernos regionales y locales. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Ministerio Público y la Dirección de Turismo y Protección del Ambiente de la PNP que realizan de igual manera una función de prevención, investigación y actuación frente a los delitos ambientales que causan grandes estragos a los bosques como: la tala ilegal, minería ilegal, etc; además del arduo trabajo que viene realizando el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Agricultura y Riego y el Programa Bosques del Ministerio del Ambiente.

Finalmente, la conservación y el uso sostenible de los bosques es aún un tema que se encuentra en constante desarrollo, a pesar del control y fiscalización que existe se necesita intensificarla, pues hasta la fecha se sigue atentando contra los bosques; además, se requiere del empoderamiento a la sociedad civil a través de capacitaciones para que estos también puedan realizar un control y, a su vez, un uso adecuado de estos recursos. Asimismo, se requiere un mayor enfoque a la investigación, pues de esta manera tendremos una mayor conocimiento de los bosques.